El sector educativo no escapa a la incertidumbre que impera en el país. Por ende, existe marcada preocupación entre las máximas autoridades de las casas de altos estudios nacionales con sede en esta ciudad. Aunque -hay que decirlo- al momento actual no lo viven de la misma manera las instituciones privadas.

El abogado Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), se basó en la planilla que la administración central publicó el 25 de enero, en la que constan las partidas presupuestarias que corresponden a cada universidad, para sostener que “se confirmó la peor de las hipótesis: hay una reconducción lisa y llana del presupuesto al de 2023 en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad, que es lo que incumbe al pago de la luz, el agua, el gas, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento…”.

“Es como si se le dijera a una familia que tiene que vivir ahora, en enero de 2024, en febrero de 2024, con lo que cobraba como salario en la misma época del año pasado. Imposible. Absolutamente imposible. Todas las universidades estamos en la misma situación. Supongo que dependeremos de alguna decisión de la Jefatura de Gabinete o no sé de quién para que eso se actualice. Recordemos que hay un 200 por ciento de inflación, con lo que se hace imposible el funcionamiento. Por supuesto que la Universidad hoy está abierta y nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantenerla en funcionamiento, pero prevemos que en dos meses vamos a tener dificultades tanto presupuestarias como financieras graves, si no hay una decisión que modifique esto”, comenta en diálogo con El Sur.

La UNVM camina rumbo a los 29 años de su creación, a lo largo de los cuales se graduaron unos 6.500 estudiantes. El rector dice no recordar otra situación como la actual.

El ingeniero Gaspar Cena es el decano de la Facultar Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), establecimiento que lleva 55 años en la ciudad y cuenta con 1.134 graduados solamente en sus carreras de grado (cuatro de Ingeniería y la Licenciatura en Administración Rural, que son las que financia el Estado). Él aguarda con cierta ansiedad la próxima reunión entre el Consejo Interuniversitario y el área de Política Universitaria de la Nación. ¿Por qué? “Porque una cosa es comenzar con los 806 millones de pesos que nos correspondieron para Villa María en enero de 2023 y otra cosa sería comenzar con los 1.300 millones de pesos de diciembre, que ya estaban actualizados en base a los aumentos salariales que se fueron otorgando y a otras variables. Más allá de que ya tuvimos un 25% de inflación en enero y que se calcula otro tanto para febrero, quiero creer que el inicio será a partir de esa última asignación de diciembre”, explica.

Negretti sostiene que, de no revisarse la situación, “tendremos para funcionar dos meses y medio, como mucho”.

-Preocupa al estudiantado qué va a pasar con el Comedor Universitario... -le señalamos-.

-Ciertamente que el comedor universitario es un acompañamiento a estudiantes, docentes y no docentes, que resulta muy costoso para el presupuesto de la Universidad. Si se ratifica la continuidad del Presupuesto de 2023 para 2024, va a ser imposible para nosotros sostener los precios que teníamos hasta el año pasado. Vamos a tener que adecuarlos a los precios que se ven en el mercado. Esto es verdaderamente perjudicial para los estudiantes, porque normalmente un estudiante universitario pasa muchas horas en la Universidad y la posibilidad de poder almorzar por un precio más que razonable, de tener un almuerzo nutritivo y equilibrado, era una verdadera ventaja.

-¿Y qué va a pasar con las residencias universitarias?

-También pasa algo parecido.

-Hay quien afirma que las universidades están siendo empujadas al arancelamiento.

-Hay un impedimento, que tiene que ver con lo que establece la Constitución Nacional en términos de la gratuidad de las universidades y también lo que dice la Ley de Educación Superior. Pero hay, además, un indicio en la Ley Ómnibus, que habrá que ver cómo queda, pero que en principio hace referencia a las universidades y ratifica la gratuidad de las mismas. Y cuando regula la potestad de las universidades para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, creo que tiene que ver con una equivocación, un error que planteó Patricia Bullrich cuando era candidata a presidenta, diciendo que la mitad de los estudiantes de las universidades argentinas son extranjeros. Es algo totalmente erróneo. Los estudiantes extranjeros pueden llegar a representar un tres o 3,5 por ciento en algunas universidades. Y menos. Por ejemplo, en la nuestra, en las mediterráneas, las que no están cerca de las fronteras o que no están asentadas en ciudades grandes, el índice es menos del uno por ciento.

El decano de la UTN Cena, en tanto, dio cifras que ayudan a comprender el panorama general: en el año 2022 se aprobó el presupuesto 2023 de esa Casa de Estudios (con 30 facultades regionales, tres de ellas en Córdoba, y presencia en 12 provincias) por un total de 48.000 millones de pesos. La previsión de gastos y recursos para 2024 era de 120.000 millones de pesos. Pero a la “Ley de Leyes” elaborada por el Palacio de Hacienda en tiempos de Sergio Massa le pasaron por arriba un Ómnibus y un DNU. Ahora todo es inquietud, desasosiego, duda…

Sin aportes del Estado

La situación no se vive de la misma manera en las casas de altos estudios privadas. La Universidad Católica de Salta (UCSAL) se instaló en Villa María en 1996 y desde entonces se graduaron en sus aulas más de 500 profesionales, entre ellos el actual presidente del Colegio de Abogados de la ciudad, Guillermo Lorenzatti, y la senadora nacional Alejandra Vigo (en Relaciones Internacionales), por citar algunos de sus egresados. Su coordinadora general para la sede local y las de Santa Fe y Entre Ríos, Soledad Barbero, puntualiza que “contrariamente a lo que se cree, nuestra Universidad no recibe apoyo alguno del Estado ni de la Iglesia”.

“Nos sostenemos con los aranceles que pagan los alumnos”, subraya ante el periodista de esta revista. Y al ser consultada acerca del monto de los aranceles, explica que en enero promediaban los 65.000 pesos y que se analizaba aplicar en febrero un incremento de 40 por ciento.

En cuanto a la variación del arancel, se basa en la gran variedad de carreras, comenzando por las de grado, como Abogacía, en la que tuvo su mayor cantidad de egresados, hasta las de última generación como Ciencia de Datos, pasando por Higiene y Seguridad o Martillero y Corredor Inmobiliario.