En un mundo ideal y con plena vigencia del sistema republicano, los recursos que recibe una provincia no deberían depender de los vaivenes institucionales del país ni de la relación de su gobernador con el presidente. Pero en Argentina pensar de esa manera sería pecar de inocentes. La pelea política del gobernador Martín Llaryora con el presidente Javier Milei tendrá impacto directo en el envío de remesas nacionales, que resentirán diferentes aspectos de la economía provincial.

Córdoba es de las provincias que menor dependencia tiene de los fondos nacionales coparticipables para su funcionamiento. Se trata de los recursos que se envían de manera directa, que están determinados por la ley de coparticipación y que no dependen de la discrecionalidad del Gobierno nacional.

Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea precisa que Córdoba recibe aproximadamente el ocho por ciento del total de recursos que la Nación envía a las provincias. Es, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), uno de los distritos con menor dependencia de la Nación. La ecuación también se refleja en el envío de recursos federales calculado por cantidad de habitantes. En el otro extremo de este ranking están La Rioja y Formosa.

Sin embargo, el problema no está centrado en esos fondos, sino en los discrecionales, aquellos que dependen de la voluntad política de quien esté sentado en el sillón de Rivadavia y por ende de los vínculos políticos que tiene el gobernador de cada provincia con el presidente de turno. 

Docentes a pie

Dos ejemplos recientes de este problema son el conflicto docente y la situación del transporte.

En el caso de Fondo de Incentivo Docente, Milei informó que la Nación no enviará más esos recursos a las provincias, a pesar de que existe una norma nacional que regula su envío mes a mes desde hace más de 25 años.

En cada sistema educativo esa decisión impacta de manera diferente. En el caso de Córdoba, según un informe de la diputada nacional Julia Strada, implica el 9,2% del salario de cada docente cordobés. El gremio provincial asegura que representa el 10% del sueldo de los trabajadores de la educación de la Provincia. 

El titular de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), Roberto Cristalli, le dijo al diario La Nueva Mañana que "el planteo del presidente Milei -de que la educación es plena responsabilidad de cada provincia- desconoce que la paritaria nacional es una ley, al igual que el Fondo de Financiamiento educativo está por ley, que el fondo compensador está por ley y que el Fonid está por ley. Y que ningún Gobierno desde que comenzó el Fonid –allá por 1998- lo ha dejado de pagar. Entonces, ya que el presidente dice reiteradamente que dentro de la ley todo, y fuera de la ley nada, está incumpliendo la ley. Este incumplimiento significa una merma de salario en el orden del 10% para cada docente". 

Si la Nación no envía esos recursos y la Provincia no se hace cargo de la diferencia –como hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires-, los docentes cordobeses cobrarán un salario menor que el mes anterior. En otras palabras, Córdoba debería incrementar su gasto en la masa salarial de docentes cerca de un 9% solamente para evitar que el sueldo docente en la Provincia no disminuya.

El problema del transporte estuvo más presente en la agenda mediática. La decisión de eliminar el Fondo del transporte para todas las provincias implica solamente en el caso de la ciudad de Córdoba cerca de $3.700 millones de pesos mensuales, según informaron desde la Municipalidad capitalina. No hay una cifra exacta de cuánto valdría el boleto único por ciudad sin subsidios, porque depende del aporte provincial y municipal que se realiza en cada conglomerado urbano.

De lo que no hay dudas es que sin el subsidio nacional nuevamente hay dos opciones: un incremento exagerado del boleto que lo podría llevar entre $800 y $1.000 por viaje o un aporte provincial que intente paliar ese tremendo golpe al bolsillo de cada usuario. Tanto en Córdoba como en Río Cuarto los intendentes, pese a sus airados reclamos a la Nación, decidieron trasladar buena parte del costo de la poda de subsidios al usuario, llevando el precio del transporte urbano a la friolera de $ 700 por pasajero (ver recuadro). 

Obras no, palabras

Desde hace décadas la provincia de Córdoba se caracteriza por una fuerte inversión en obra pública, y el propio Llaryora repite en todas sus apariciones mediáticas su decisión de no eliminar la intervención estatal en la economía.

Sin embargo, la paralización de la obra pública nacional es total. Y Córdoba no es la excepción. Hay, además, otro dato importante: el presupuesto nacional está reconducido y la (re)asignación de fondos para compensar la pérdida por inflación dependerá en buena medida del Ejecutivo nacional.

En 2023 se presupuestaron para Córdoba 15.600 millones de pesos para obra pública financiada por la Nación. Esos recursos fueron calculados en diciembre del 2022. Solo pensar el proceso inflacionario devenido desde aquel lejano mes del Mundial de Qatar hasta hoy marca la dimensión de la pérdida de valor que esos fondos tienen hoy. ¿Cuánto se podía construir con esos 15.600 millones en el 2023 y cuánta obra pública se podría realizar con ese mismo dinero hoy?

“Estoy haciendo lo posible e imposible para que la obra pública en Córdoba no se detenga, porque eso genera trabajo y genera progreso”, insiste Llaryora en sus habituales recorridos por el interior de la provincia.

La Caja

Hay un problema que excede la gestión del presidente Milei, pero que en este contexto toma nueva relevancia: la situación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que no fue transferida a la Nación y arroja un permanente déficit. Desde hace años Córdoba mantiene una disputa con el Estado nacional sobre los recursos que le deben aportar por ser una de las trece provincias que no transfirió su sistema previsional a la Nación.

El reclamo cordobés –que en varias oportunidades se judicializó- se fundamenta en la legislación nacional que determina que el Estado federal debe financiar a través del Anses los déficits de los sistemas previsionales provinciales que no fueron transferidos al ámbito nacional.  Esos recursos siempre presentan el mismo problema: el primero es que no se actualizan en relación al déficit de la Caja y el segundo es que se pagan con demora. Esa conjunción se agrava en un escenario de alta inflación como el actual y con un presupuesto nacional 2024 que es la reconducción del esquema de gastos del 2023.

El déficit de la Caja previsional cordobesa vuelve como un loop permanente en la agenda mediática y si las relaciones con la Nación están tirantes, la cosa se pone más compleja todavía. La ilusión de que Osvaldo Giordano diera una mano para solucionar el problema se esfumó con la eyección del ex funcionario schiarettista en uno de los tantos raptos de furia de Milei tras la caída de la Ley Ómnibus.

Con el renunciado funcionario todavía en funciones -un oxímoron común en la administración Milei-, la ANSES incumplió con el envío de cuotas mensuales a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, entre ellas Córdoba. Cada cuota mensual equivale, en el caso de Córdoba, a $ 1.070 millones mensuales, pero es un ítem que no se actualiza desde el año 2019. El cálculo más cauto indica que, actualizada, esa cifra mensual debería alcanzar los $ 7.400 millones.

En otras palabras, en 60 días de presidencia de Milei el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba se profundizó  al menos en $ 15.000 millones.

Al igual que ocurre en muchos otros aspectos de la economía nacional y provincial, los problemas que ya existían crecen exponencialmente en su impacto durante la gestión libertaria.

¿Repliegue obligado?

"El 2001 empezó con roturas del tejido productivo y pérdida de empleo. Si bien logramos detener un avance sobre empresas que generan trabajo, el Gobierno Nacional sigue aplicando medidas gravísimas que van a llevar a un deterioro del empleo. Es como si yo quisiera cerrar los números de la Provincia cortando los recursos a los intendentes. Necesitamos un Gobierno que no deje sola a la gente, por eso sigo sosteniendo a la obra pública; para reforzar el empleo, la educación y la salud. Es necesario que el presidente convoque a todos los gobernadores a un diálogo y que se genere un plan de actividad económica, para no caer en una recesión peor a la de 2001”, insiste Llaryora en sus raids mediáticos en CABA. Sus declaraciones pueden ser leídas en clave política, pero su principal preocupación es la economía. ¿Hasta cuándo podrá aguantar un enfrentamiento abierto con la Nación?

Si la actividad económica cae, la recaudación provincial disminuye y la dependencia de los fondos nacionales aumenta. Las concesionarias cordobesas de autos 0km cerraron uno de los peores eneros de los últimos 20 años. El dato impactará más temprano que tarde en las empresas automotrices instaladas en la Provincia y provocará una nueva crisis de falta de empleo.

En los dorados años ´90, que Milei pretende reinstaurar en el país, en los Estados Unidos Bill Clinton le ganó las elecciones a George Bush con un slogan de campaña tan sintético como contundente: “Es la economía estúpido”.

Llaryora sabe que la vieja y pragmática enseñanza de Clinton está hoy más vigente que nunca.