Sostenida y creciente, con jugadas sobreactuadas y otras subrepticias, la embestida antipopular del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tiene entre sus blancos predilectos las conquistas en torno a memoria, verdad y justicia. Con lógica de “guerra fría”, los movimientos en el Ejército, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Senado de la Nación revelan una creciente presencia de militares y civiles vinculados al terrorismo de Estado en instituciones democráticas.

A principios de enero, el Poder Ejecutivo pasó a retiro a 22 generales del Ejército para nombrar como jefe de su Estado Mayor a un par con menos antigüedad, consumando así la mayor purga desde el –lógico y necesario– pase a retiro de 35 generales ordenado por Raúl Alfonsín al asumir como presidente constitucional en 1983. El elegido por Javier Milei fue el general Carlos Alberto Presti, hijo del fallecido coronel Roque Carlos Alberto Presti, acusado por crímenes de lesa humanidad contra 44 víctimas.

“Muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría Quinta), por lo que fue parte de la dirección del ataque en la calle 30 entre 55 y 56 el 24/11/76, donde entre tantas atrocidades fue secuestrada Clara Anahí Mariani-Teruggi a sus 3 meses de edad. (…) Carlos Alberto Presti no ha manifestado ninguna oposición a los crímenes de la dictadura genocida ni a los cometidos por su padre”, denunciaron desde la Asamblea Desobediente, integrada por hijos e hijas de genocidas que rechazan su accionar represivo. Su designación “es una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad”, advirtieron.

La AFI –ex SIDE– fue intervenida con el abogado Silvestre Sívori, rodeado en cargos clave por varios militares retirados: tres coroneles, un brigadier y un almirante, con identidades protegidas por su rol. Sus nombramientos –atribuidos a la influencia del brigadier retirado Jorge Jesús Antelo, secretario de Estrategia Nacional en la Jefatura de Gabinete– socavan un consenso de cuarenta años de democracia: la conducción civil de los organismos de inteligencia.

Apenas asumido, Milei había nombrado a Claudio Ernesto Pascualini –jefe del Ejército durante la presidencia de Mauricio Macri– como secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el segundo cargo en el Ministerio de Defensa después de Luis Petri. Luego sumaría por lo menos otros tres militares retirados en cargos políticos de esa cartera. Pascualini es yerno del coronel Athos Gustavo Renés, condenado a prisión perpetua por su participación en la masacre de Margarita Belén, en la que once presos políticos de la cárcel de Resistencia, Chaco, fueron fusilados y otros cuatro desaparecidos, entre el 12 y 13 de diciembre de 1976. Como jefe del Ejército, alentó la reversión de las políticas de memoria, verdad y justicia.

En octubre de 2019, el entonces presidente, su ministro de Defensa Oscar Aguad y Pascualini encabezaron un acto en conmemoración de los militares caídos en el fallido intento de Montoneros de copar el Regimiento de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, en el que murieron un oficial, un suboficial, diez soldados, un policía y doce guerrilleros. “Estamos acá para rendir homenaje a los trece héroes asesinados hace 44 años en el ataque al Regimiento de Infantería, durante el Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón”, dijo Macri entonces. Entre los invitados estaba la titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Victoria Villarruel.

El vintage jurásico

La hoy vicepresidenta encabezó un homenaje similar el 19 de enero en la guarnición de Azul, al cumplirse 50 años del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a esa unidad del Ejército, donde los incursores mataron al soldado Daniel González y al jefe de la unidad, coronel Arturo Gay, al resistirse. Su esposa Nilda Cazaux fue tomada como rehén y según publicaciones del ERP murió víctima de disparos militares. Un guerrillero cayó en combate, otros dos fueron capturados vivos y desaparecidos y una decena estuvieron presos hasta el final de la dictadura. Los insurgentes se llevaron al subjefe, coronel Jorge Ibarzábal y lo mantuvieron cautivo durante diez meses. Durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, fue ejecutado por sus captores.

“Los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo decidieron atacar a traición esta unidad militar. En pleno gobierno democrático pretendieron que los argentinos cambiáramos nuestras costumbres, nuestras tradiciones e incluso nuestra bandera por un ‘trapo rojo’”, expresó Villarruel. Casi una cita textual del alegato que el represor Luciano Benjamín Menéndez repetía en los juicios donde estuvo acusado.

Aunque limitada a su rol de presidenta del Senado, Villarruel sigue dando señales hacia los sectores que representan la herencia dictatorial. A mediados de febrero puso al frente de la Dirección de Gesta de Malvinas a Nicolás Kasanzew, periodista de Argentina Televisora Color acreditado en el conflicto en las islas. Como “corresponsal de guerra de la última dictadura cívico-militar”, Kasanzew fue “el constructor del relato oficial ‘triunfalista’ del gobierno de facto, mientras los combatientes daban su vida en defensa de la soberanía nacional”, reprocharon los senadores de Unión por la Patria.

El jueves 22, el senador libertario por La Rioja Juan Carlos Pagotto fue elegido para presidir la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Con 10 votos sobre 16, oficialistas y aliados impusieron a Pagotto, conocido en su provincia como abogado de represores imputados por crímenes de lesa humanidad (ver El abogado del diablo en páginas 18 y 19).

Hacia el 24M

A 48 años del golpe de Estado de 1976, este 24 de marzo no será sólo una fecha de conmemoración. Militantes de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos preparan una jornada de protesta frente al ajuste ultraliberal y la criminalización de la protesta.

Para Emiliano Salguero, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, el Gobierno de Milei “vino a ordenar a un sector negacionista y apologista del terrorismo de Estado, que en connivencia con las corporaciones internacionales pretende construir un nuevo relato sobre el pasado reciente, defenestrando los logros y luchas de las víctimas del terrorismo de Estado. Ellos reencarnan el proyecto de la dictadura”.

La marcha del 24 tendrá “un fuerte marco político –anticipa Salguero–. Además del reclamo por más juicios de lesa humanidad y la sanción a los apologistas y responsables civiles de estos crímenes: la desaparición, la tortura y también la miseria planificada. Este año la consigna abarca la defensa de los derechos y la Patria, del Estado y la democracia, la no represión a la protesta y la unidad en la lucha: La Patria no se vende / en la calle se defiende”.  

 Contra el reloj biológico

Entre las causas de lesa humanidad pendientes en Córdoba, la mayor es “Gómez, Miguel Ángel” o “La Perla II”, que comprende a 500 víctimas: 67 asesinadas, 56 desaparecidas y 58 víctimas de delitos sexuales cometidos en el campo de La Perla entre 1974 y 1980. El fiscal Facundo Trotta informó a El Sur que se encuentra “en las últimas indagatorias, y posiblemente en breve haya procesamientos”, pero el juicio se haría recién en 2025. “La megacausa Gómez lleva siete años de atraso. Estamos muy preocupados porque la impunidad biológica nos está llegando a todos. Es una causa importante, por eso exigimos que llegue a buen puerto”, advierte Gustavo Tissera, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

También esperan novedades en el expediente “Gutiérrez, Hermes Vicente”, jefe de la represión en los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca. Su instrucción se inició hace diez años y llegó a incluir a 70 acusados (más de la mitad fallecidos o desafectados por enfermedad) y 60 víctimas. Entre ellas Elsa Gladys Comba, quien desde Madres de Plaza de Mayo buscaba a su hijo Sergio Comba. Gladys fue secuestrada el 23 de febrero de 1978 y su cuerpo incinerado fue hallado en una fosa común cerca de Alcira Gigena. También Ernesto Silber, profesor de Química e impulsor de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, secuestrado el 9 de agosto de 1976 en el predio universitario y asesinado tres días después en la Unidad N°7 de la Policía.

Un ex juez vuelve al banquillo

El que sí tiene fecha tentativa de inicio es el nuevo proceso contra el ex juez y secretario penal durante la dictadura, Carlos Otero Álvarez, quien en 2017 fue juzgado por abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de perseguir a delincuentes y encubrimiento. Los crímenes encubiertos fueron secuestros, torturas y asesinatos de presos políticos en la cárcel de barrio San Martín, 31 de ellos fusilados por “ley de fugas” en 1976. En el “juicio de los magistrados”, el ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo fueron condenados a tres años en suspenso y el ex defensor Ricardo Haro y Otero Álvarez absueltos, pero los fiscales Carlos Gonella y Trotta presentaron una casación con resultado favorable.

“A Otero Álvarez se le atribuyen más de cien hechos, cuando era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido en 1984), de omisiones funcionales y complicidad con las fuerzas de seguridad, personal policial del D2 y del Ejército, que durante la dictadura cometieron delitos de lesa humanidad contra personas que se encontraban a disposición de la Justicia Federal en la Unidad Penitenciaria Número 1”, detalló Gonella.

El juicio comenzaría a fin de mes o a principios de abril en el Tribunal Oral Federal N° 2. Otero Álvarez, de 78 años de edad, integró el tribunal que en 2008 le impuso la primera condena por crímenes de lesa humanidad al ex general Luciano Benjamín Menéndez.

Nuevo juicio en Córdoba

Un nuevo juicio de lesa humanidad –el 14 en Córdoba– comenzó el 21 de febrero ante el Tribunal Oral Federal N° 2 y con la sala colmada. La causa “González, Adela María y otros” incluye a catorce víctimas –siete de ellas desaparecidas– y la apropiación ilegal de la nieta 107 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Luego de parir en cautiverio el 11 de octubre de 1978, María de las Mercedes Moreno fue despojada de su hija. La beba fue entregada a Osvaldo Agüero Dona y Laura Caligaris, asistente social en la Casa Cuna. El matrimonio la inscribió como hija biológica con un certificado del médico Vicente Spitale y la complicidad de funcionarios judiciales. Por esta causa están acusadas Adela María González, la testigo que ayudó a obtener el certificado apócrifo, y Ana María Rigutto de Oliva Otero, ex asesora letrada, por adulteración del estado civil, sustracción de un menor y prevaricato. Los demás involucrados murieron impunes y María Moreno falleció el 4 de mayo de 2023 sin restablecer el vínculo con su hija ni ver a los apropiadores en el banquillo.

Los otros acusados son ex policías miembros del staff del D2, ya condenados en otros juicios: Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Molina y Raúl Contrera, por secuestros, torturas y homicidios, y Mirta Antón, por secuestros y torturas.