Escribe: Guillermo Posada

Al finalizar un año de guerra de baja intensidad, las últimas resoluciones en la Justicia Federal de Córdoba despejan el panorama sobre el reacomodo de poder que incluye a funcionarios, sindicalistas y letrados dentro de La Torre de tribunales de la Ciudad Universitaria.
El festival de recusaciones, cuando estaba a punto de iniciarse el llamado juicio del Comando Radioeléctrico -que imputa a tres ex policías de asesinar en un "operativo ventilador" a tres militantes de la juventud peronista en junio de 1976-, sacó a la luz que la pugnas por ocupar cargos durante los últimos años han incluido hasta gestiones impensadas, como la de un imputado por la masacre en conjunto con Julio Piumatto, mandamás del gremio judicial  a nivel nacional y secretario de Derechos Humanos de la CGT.
Todo surgió cuando Pedro Nolasco Bustos recusó al fiscal Carlos Gonella, afirmando que el juicio es un tiro por elevación contra Liliana Navarro, secretaria  del Juzgado Federal Nº1, con quien se casó y tiene un hijo, ya que la funcionaria aspira a ocupar un sillón en la Cámara de Apelaciones donde se concursan tres cargos vacantes.
La referencia no tiene relación con la causa, pero abunda sobre el argumento falaz de Bustos respecto a que sufre una persecución. El abrumador material probatorio contra el represor incluye su legajo policial, donde figura incluso una felicitación de un jefe de policía de apellido Saravia por el abatimiento de los militantes políticos. Tanto la fiscalía como la querella sostienen que nunca hubo un juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba con pruebas tan concluyentes.
En aras de preservar la carrera judicial de Navarro, que integra la mesa chica de la conducción sindical, Bustos mantuvo en noviembre de 2008 una reunión con Piumatto junto a la funcionaria y a Aldo Arévalo, representante del gremio en Córdoba. "Ocurrió en la localidad de Villa de Soto, donde la Juventud de UEJN realizó un encuentro y para allá fuimos con Liliana y nuestro hijo", sostuvo el imputado en su escrito recusatorio, presentado el 29 de septiembre pasado.
Ya habían llegado a oídos de Piumatto las denuncias contra Navarro que venía realizando el referente de Derechos Humanos Luis Miguel Baronetto. Esta revista confirmó que Baronetto se reunió con Arévalo a instancias de Piumatto, y que le remitió los antecedentes de Bustos, así como su oposición al ascenso de Navarro al cargo de jueza federal. De hecho, Bustos relató que el dirigente de la CGT le preguntó sobre las denuncias en su contra durante el encuentro en Villa de Soto, exponiendo el interés de Piumatto en el caso.
Esta revista intentó comunicarse con el mandamás del gremio judicial para requerir su opinión y confirmar de su propia boca si continúa sosteniendo a Navarro, sin lograr una respuesta.  Su silencio es sugestivo ya que es uno de los dirigentes de la CGT con mayor nivel de exposición mediática nacional, con gran influencia en cuanto a designaciones en la Justicia Federal.
La amena reunión militante que mantuvo con un genocida impugna la relevancia de las consideraciones que Piumatto pudiera hacer sobre el fuero cordobés, y pone en entredicho la pertinencia de la candidatura de Navarro a la Cámara de Apelaciones.

Díaz Gavier ataca de nuevo
La postergación del juicio del Comando Radioeléctrico, que sienta en el banquillo a José Filiberto Olivieri, Jorge Vicente Worona y Luciano Benjamín Menéndez, además de Bustos, generó la reacción de los organismos de Derechos Humanos, que realizaron un escrache frente al Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2), a cargo de la causa. Familiares de las víctimas y activistas se reunieron con el juez Fabián Asís y el fiscal Gonella para ponerse al tanto de las actuaciones y denunciaron esa práctica dilatoria, habitual entre las defensas de los genocidas.
El Sur consultó, tras el encuentro, al querellante Ángel Villanueva, quien dijo sentirse satisfecho con las explicaciones de los funcionarios. "Es la primera vez que nos reciben jueces y fiscales, nunca había pasado", señaló quien realizó su propia investigación, junto a otros familiares, y alcanzó las pruebas a la justicia.

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