Escribe: Hernán Vaca Narvaja

En una de las peores elecciones de su historia, el peronismo de Córdoba obtuvo solamente dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Una de ellas es ocupada desde este mes por la dirigente ruralista Estela Garnero. Sugerida por el ministro de Agricultura Carlos Gutiérrez e impuesta a dedo por el gobernador Juan Schiaretti en las listas de candidatos de Unión por Córdoba, la presidente de la Federación Agraria de Río Cuarto arrastra un sinuoso pasado político: fue expulsada de la UCR y coqueteó durante un tiempo con el ARI. Pero más allá de sus vaivenes políticos, también tiene una historia inquietante en los Tribunales provinciales, donde fue acusada por su tío de haberlo despojado de sus tierras -un campo de 323 hectáreas-, que la flamante diputada le terminó vendiendo al conocido usurero Leonardo Passarini.
La representante del ?campo? en el Congreso ni siquiera explota la tierra que heredó de su padre. Con un patrimonio declarado de 13,5 millones de pesos y a la espera de que se resuelva en la Justicia su propia convocatoria de acreedores,  Garnero cobra una renta mensual de 20 mil pesos para que otros productores trabajen su tierra. Es paradójico: la dirigente del ?campo? bendecida por Schiaretti se fundió como productora agropecuaria -y no precisamente durante el gobierno de los Kirchner- y vive actualmente de rentas.
La historia del presunto despojo de las tierras de Américo Garnero por parte de la flamante diputada se remonta al año 1987 y sus consecuencias se siguen ventilando en el Palacio de Justicia. Américo Garnero compartía una sociedad con su hermano -fallecido el 8 de junio de ese año- y tenía 323 hectáreas propias sobre un total de 650 que trabajaban en forma conjunta (tenían una sociedad de hecho).
El 31 de julio de ese año, según detalla Américo Garnero en la denuncia penal formulada contra su sobrina Estela en Tribunales, un gestor de la escribana María Beatriz Torres, de Laboulaye, lo invitó a firmar unos papeles ?para la sucesión de su hermano?. Según el minucioso relato de Américo, estaban presentes en la casa que Estela Garnero tiene en Adelia María, sobre la calle José Ingenieros al 700, el gestor de la escribanía  -de nombre  Alberto Domingo- y su secretario José Cerioli. Tiempo después,  Américo se enteró que lo que en realidad había firmado era su propio testamento, en el que declaraba como única y universal heredera a su sobrina. Ese día, en la misma escribanía, Américo -que hasta el día de hoy niega haber conocido a la escribana María Beatriz Torres- firmó otro documento que sellaría definitivamente su suerte: la donación sin cargo de todas sus tierras a favor de Estela Garnero, reservándose el derecho de usufructo de por vida.
Toda la documentación emanada de la Escribanía Torres fue rubricada el mismo día y tiene numeración correlativa (Escrituras Nº 206 la donación y 207 el testamento). En el caso del testamento, existen tres testigos que acreditan el acto: Jorge Celaya, Luis Carranza y Pilar Príncipi. La donación, en cambio, sólo tiene la rúbrica de Américo Garnero y su sobrina Estela.  ¿Para qué firmaría Américo un testamento declarando heredera a su sobrina si ese mismo día le había donado sus tierras?

CASAMIENTO Y DISPUTA
En 3 de marzo de 1988, a los 63 años, Américo Garnero contrajo matrimonio con su actual esposa, María Angela Buosi, que por entonces tenía 44 años, era viuda y madre de tres hijos.  A los pocos días revocó su testamento ante el escribano José Osvaldo Torres, quien sería hijo de la escribana que había dado fe tanto de su testamento anterior como de la donación a su sobrina. Américo explicaría en su denuncia penal que en realidad quien se ocupó de revocar su primer testamento fue el mismo gestor que lo había hecho firmar el primero: Alberto Domingo. Eso explicaría que la revocatoria tenga la firma de los mismos testigos del primer testamento: Celaya, Carranza y Príncipi.
Para dejar sin efecto la donación y poder recuperar sus tierras, Américo inició un juicio civil en Tribunales contra su sobrina. La acción judicial, denominada ?revocación de donación?, llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con resultado adverso para Américo.
El sinuoso camino transitado por el infortunado Garnero por los distintos estamentos de la burocracia judicial es digno de una novela de Franz Kafka: el primer juez que intervino en la causa, Pedro Cerdá, consideró que no era Américo quien se arrepentía de haberle donado sus tierras a Estela, sino que la revocatoria respondería en realidad a la supuesta avidez de su flamante esposa (mucho más joven que él), quien se habría casado para quedarse con sus tierras. Así lo sugirió entre líneas en uno de los párrafos de la sentencia: ?considero, adelantando opinión (?) que se puede presumir válidamente que fue con motivo de haber contraído nupcias, que el aquí demandante (Américo Garnero) varió totalmente su actitud frente al acto de liberalidad que había realizado a favor de su sobrina y cuya revocación por el presente pleito persigue?, escribió Cerdá en los fundamentos de la sentencia del 29 de diciembre de 1993.
Un año después, al resolver la apelación de Américo, la Cámara Civil y Comercial tuvo un criterio opuesto al del juez Cerdá, pero el resultado fue el mismo: rechazaron la revocatoria de la donación de Américo Garnero a su sobrina. Para el camarista Roberto Avendaño,  de la lectura de las pruebas que obraban en el expediente ?se explica y justifica sobradamente que Américo Garnero revocara el testamento y que, finalmente, extremara los medios para revocar igualmente la donación que había efectuado meses antes en favor de su sobrina?.
?Me pongo en el lugar del demandante (Américo Garnero) y no puedo menos que comprender la angustia y desazón derivada del arrepentimiento por tan apresurado acto de generosa liberalidad?, apuntó Avendaño, quien sin embargo rechazó la pretensión de Garnero al sostener que no se daban las condiciones de ?injuria grave? que la ley exige para revocar una donación. Adhirieron al voto de Avendaño los camaristas César de Olmos y Julio Avalos.
La sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia, que demoró casi cuatro años en confirmarla: lo hizo el 10 de noviembre de 1998, imponiendo nuevamente las costas a Américo Garnero.

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