Escribe: Guillermo Posada

Mientras se debatían los últimos refucilos de la anoréxica campaña electoral para elegir gobernador, la corporación judicial jugó en la primera semana de agosto un nuevo episodio de defensa cerrada de los funcionarios interpelados por su participación en causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en la justicia federal cordobesa.
El avance de la causa Mackentor, donde se investiga el vaciamiento de una empresa de obras viales durante la dictadura, así como el secuestro y tortura de sus principales directivos, sirvió de pretexto para que la sagrada familia castigara al camarista Abel Sánchez Torres por ordenar la investigación de los funcionarios denunciados por complicidad con los fusilamientos de la causa UP1.
Un voto crucial del camarista Luis Rodolfo Martínez logró el apartamiento de Sánchez Torres, considerado un estorbo para el presidente de la Cámara Luis Rueda. Sin embargo, el pasado dos de agosto Martínez contradijo otro fallo anterior, donde rechazó el apartamiento del propio Rueda ante una presentación de la abogada María Elba Martínez. La querellante había recusado a Rueda en todas las causas sustanciadas por delitos de lesa humanidad por su papel como funcionario en la dictadura.
Altas fuentes de tribunales advirtieron a esta revista que si Martínez utilizó los mismos argumentos jurídicos para resolver de forma opuesta dos situaciones similares, podría haber incurrido en la figura del prevaricato.
Este tipo de maniobras jurídicas suelen pasar desapercibidas para la sociedad por resultar extrañas y de dificultoso entendimiento. Sin embargo, apuntan a lograr que sólo los jueces que se encuadren dentro de los límites que impone la corporación actúen  en causas claves para desentrañar el entramado jurídico y económico dio luz verde a la brutal represión que sacudió a Córdoba en la década del 70. La resistencia de la sagrada familia a revisar su actuación en aquellos años tormentosos se expresa en chicanas jurídicas, favores económicos y rencillas cotidianas, mientras muchas víctimas de la dictadura continúan sufriendo aún hoy la falta de justicia.
La corporación judicial, comandada por Rueda, decidió hacer una guerra de zapa burocrática para evitar que quienes hoy revisten los más altos cargos en la justicia Federal sean juzgados por su complicidad con la dictadura militar.

OPERACIÓN CASTIGO
Sánchez Torres se ganó la antipatía de la corporación judicial cuando dictaminó en la causa de los magistrados que los seis denunciados por las querellas (Carlos Otero Álvarez, Ricardo Haro, Alí Fuad Alí, Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga y Luis Eduardo Molina) estaban en condiciones de ser investigados, aprobando así el planteo de los querellantes Miguel Ceballos, Miguel Baronetto y Hugo Vaca Narvaja y del fiscal Carlos Gonella. El fallo cuestionó duramente lo dictaminado en primera instancia por el fiscal Gustavo Vidal Lascano, que había dejado fuera de proceso a Otero Álvarez, Haro y Molina. Cabe recordar que la hija de Vidal Lascano, María Julieta Vidal Pellegrino, fue designada casi simultáneamente por Otero Álvarez como escribiente en el Tribunal Oral N°1, lo que fue considerado una devolución de gentilezas por parte del juez acusado al fiscal que debía investigarlo.
Desde ese momento, la sagrada familia pergeñó una maniobra para apartar a Sánchez Torres de las causas de lesa humanidad. El periodista Horacio Verbitsky reseñó en el diario Página/12 cómo el juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó a la secretaria de Derechos Humanos de su juzgado, María Soledad Mancini, que certificara una consulta de Sánchez Torres por las causas de hijos de desaparecidos que se encuentran paradas hace años en tribunales. El pedido del camarista se hacía eco de la queja de la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, María Teresa Sánchez, sobre la inacción del juzgado federal Nº 3, a cargo de Sánchez Freytes. Sánchez Torres justificó su pedido en el deber que le impone la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 42/2008 de "extremar los recaudos para acelerar el trámite de las causas pendientes, de forma de que permita resolver la situación procesal de las personas inculpadas en un plazo razonable".

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