Escribe: Hernán Vaca Narvaja

Decepción, bronca, impotencia. Luego de seis meses de audiencias en las que se fue reconstruyendo el horror padecido por los presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de barrio San Martín (UP1) durante la dictadura militar, el fiscal Maximiliano Hairabedián desentonó en su acusación a los represores. Contradiciendo lo que dijeron los testigos, el fiscal hizo una cerrada defensa de la actuación de la Conferencia Episcopal Argentina -a la que llegó a atribuirle "éxito" en sus "gestiones humanitarias" ante el dictador Jorge Rafael Videla-, dio a entender que en aquellos años funcionaban las instituciones y enarboló sin pudor la teoría de los dos demonios. "Se puede ser terrorista y víctima", llegó a decir ante el silencio incrédulo de los familiares de las víctimas y la sonrisa nerviosa de los imputados.
Hairabedián, hijo de un sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura que suele defender a policías corruptos y abusadores, apeló a bibliografía pro militar para fundar su alegato contra Videla y cuestionó el término genocidio para explicar lo ocurrido en el país en los años del terrorismo de Estado. Su identificación con la ideología de los propios imputados llegó al paroxismo cuando hizo propia la versión militar de la controvertida muerte del coronel Julio Argentino del Valle Larrabure.
Larrabure se habría suicidado mientras estaba cautivo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero las Fuerzas Armadas acusaron a la guerrilla de haberlo torturado y asesinado para justificar su cruzada contra la subversión. "El caso Larrabure encuadra también a mi criterio en los delitos de lesa humanidad", dijo Hairabedián, como si necesitara justificar su acusación a los imputados por el asesinato de los 31 presos políticos de la UP1.
Investigaciones más serias que la bibliografía reaccionaria citada por Hairabedián -que no se privó de destacar el éxito editorial de los libros del ex Señor 5 del menemismo Juan Bautista "Tata" Yofre-indican que el caso Larrabure fue la excusa de la que se valieron los militares para tomar el poder. Por caso, Carlos del Frade sostiene que "El cadáver de Larrabure determinó el ascenso de Jorge Rafael Videla, la asunción de Ramón Genaro Díaz Bessone al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, el interinato presidencial de Italo Argentino Luder que terminaría firmando los decretos que pedían el aniquilamiento de la guerrilla y la justificación ideológica de la represión sin límites" ("¿Quién era Feced? Historia política de la represión en el Gran Rosario. De 1955 a Díaz Bessone", Rosario, marzo de 2010).
Pero a Hairabedián poco parece importarle la deformación de la historia. Al igual que Ernesto Sábato en el prólogo del libro Nunca Más (el célebre informe de la CONADEP sobre la desaparición de personas durante la dictadura militar), el fiscal hizo una vergonzosa apología de la teoría de los dos demonios (o de "la violencia de izquierda y de derecha"). Y hasta llegó a pedirle al tribunal que "limpiara el buen nombre y el honor" de Paco Bauducco porque "no pertenecía a ninguna organización subversiva, sino que fue detenido por recibir un panfleto del ERP"). Similar criterio utilizó para cuestionar el asesinato de Miguel Hugo Vaca Narvaja: "no era un terrorista porque nunca se le abrió una causa, estuvo siempre a disposición del Poder Ejecutivo Nacional", explicó. ¿Desconoce el fiscal Hairabedián que el padre de Miguel Hugo -quien tampoco era un "terrorista"- está desaparecido y que toda su familia tuvo que exiliarse en México porque era la única forma que tenían de salvar sus vidas ante la sentencia de muerte que había dictado el todopoderoso Menéndez? Así lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la democracia, y no la Corte cómplice de la dictadura, que Hairabedián citó para sugerir que aún en plena dictadura existía un viso de legalidad.
La exposición de Hairabedián -que varios abogados consultados por esta revista calificaron de "técnicamente impecable"-, tuvo un contenido ideológico nefasto. En sus conclusiones -que a esta altura nadie puede calificar de ingenuas-, el fiscal aseguró que si se hubiera combatido a la subversión en el marco de la ley las víctimas hubieran sobrevivido y los imputados no estarían sentados en el banquillo de los acusados. Lo que omitió el fiscal -pese a haberlo escuchado de boca de los querellantes- es que la tragedia que se desencadenó en el país a partir del 24 de marzo de 1976 no fue producto de los "excesos" del "ala dura" de las Fuerzas Armadas en la represión de la subversión, sino el resultado previsible de un plan sistemático de exterminio para quebrar toda posible resistencia a un plan económico encarnado por José Alfredo Martínez de Hoz y avalado por el consenso de Washington.
La de Argentina no fue la excepción -aunque tenga el triste privilegio de haber institucionalizado la desaparición forzada de personas y el robo de bebés como políticas de Estado- sino la regla en un continente sometido a la brutalidad represiva del Plan Cóndor, como lo expuso la querellante María Elba Martínez en su brillante alegato.

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