Escribe: Hernán Vaca Narvaja

Rosa Arias está confundida. No sabe bien qué día debe ir al cementerio parque a visitar a su hijo, el pequeño Alejandro Flores, asesinado por un móvil policial el 16 de marzo de 1991. El 4 de julio se cumplieron dos años desde que fueron hallados los huesos de su hijo en un descampado de la ciudad. Pero por los análisis genéticos a que fueron sometidos para corroborar su identidad, Rosa recién pudo tener los huesitos de su hijo -esos que buscó afanosamente durante más de tres lustros- el 16 de septiembre. ?Lo velamos ese día y lo enterramos el 17?, recuerda. La confusión aumenta porque, al no haberse realizado el juicio, tampoco se fijó con precisión la fecha del deceso. ?A mi hijo lo atropellaron el 16 de marzo, pero dicen que pudo haber sobrevivido uno o más días?, dice Rosa mientras pone el agua para cebar mate. En su casa, sencilla pero cálida, hay cuadros de sus otros dos hijos. Pero se destaca una lámina enorme de Ale Flores. Una imagen que recorrió el país y buena parte de América en una búsqueda infructuosa que se extendió durante años. La búsqueda del niño Alejandro Flores. El primer desaparecido de Río Cuarto en democracia. La desaparición de un niño indefenso y asustado por una tormenta.
A falta de Justicia, Rosa sigue conjeturando, atando cabos. Conserva una postal de Punta Arenas, en Chile, donde viajó para buscar a su hijo. Guarda, desordenados, todos los papeles y recortes que fue acumulando en los años de búsqueda desesperada. Entre ellos hay un anónimo que le dice donde podría estar enterrado su hijo.
Rosa rehizo su vida y está en pareja. Tiene una pequeña niña, que no conoció a su hermano Alejandro y que juega divertida debajo de su enorme retrato. Y tiene otra hija, ya adolescente, Joana. Es la beba que el pequeño Ale tiene en brazos en la foto que lo inmortalizó en el reclamo de justicia.
La historia de Ale Flores es conocida. Su resolución, en cambio, sigue abierta. El fiscal Javier Di Santo imputó por el crimen del pequeño a los policías Gustavo Funes y Mario Gaumet, pero en el mismo acto determinó la prescripción de la causa. El fiscal de Cámara, Jorge Medina, apeló la resolución al considerar que el crimen y desaparición de Ale bien puede encuadrarse como delito de lesa humanidad y como tal es imprescriptible. Su decisión fue avalada por el juez de control, Daniel Muñoz, pero la Cámara Penal le dio la razón a Di Santo. El caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que suele demorar meses en resolver. Mientras tanto, Rosa espera. Y desespera. Su hija adolescente ya tuvo su primer encontronazo con la Policía. Y Rosa tiembla. Y se indigna cuando se entera que Funes, el presunto asesino de su hijo, el que habría enterrado y desaparecido el cadáver del infortunado pequeño durante tantos años, sigue trabajando. Ha sido suspendido preventivamente de la fuerza, pero puede hacer adicionales. ?Me enteré que estaba haciendo adicionales en un desarmadero y pedí por televisión que por favor no lo dejaran trabajar. Si no hay justicia, por lo menos debería haber condena social?, se indigna Rosa.
Ella no comprende, no entiende cómo alguien puede contratar los servicios de un oficial acusado de haber asesinado a un niño. A su hijo. Al pequeño Ale. ?Lo menos que puede hacer la gente es no darle trabajo?, insiste. Sabe, sin embargo, que a Funes lo llevan sus propios compañeros de la fuerza, lo dejan en el lugar donde hace adicionales y lo pasan a buscar cuando termina su horario de trabajo. Dicen que el uniformado lamenta haber perdido su cargo en el ETER, un grupo de elite de la Policía de Córdoba. Y haber visto reducido su sueldo. Pero que respira aliviado al saber que todavía pertenece a la fuerza. Que se reivindica policía. Y que, a diferencia de Rosa, no tiene apuro en que la Justicia resuelva su situación. Se sabe impune.

MALDITA POLICÍA
Lila Pretes concurre a la casa de Rosa Arias para brindar su testimonio a revista El Sur.
Es la última en llegar, pero la más enérgica a la hora de contar su historia. Una historia que amenaza convertirse en una interminable pesadilla y que tiene que ver, inexorablemente, con la policía. La misma policía que atropelló a Ale Flores, la que asustó a Joana y la que, según denuncia, vive persiguiendo a sus hijos.
?Hace años que los detienen, siempre por merodeo, por portación de rostro?, se queja, irónica, esta mujer aguerrida que dice no sentir miedo por ella, sino por sus hijos.
Lila cuenta que las detenciones de sus hijos por parte de la policía eran recurrentes y hasta absurdas. Una vez, retiraron a su hijo menor del frente mismo de su casa. Según la policía, se lo llevaron ?por merodeo?. Otra vez, lo acusaron de haber robado una bicicleta. Pero Lila demostró, con los papeles en la mano, qu era suya, que la había comprado.
Enérgica y temperamental, Lila comenzaba a acostumbrarse a vivir ?con el Jesús en la boca? y salir disparando a buscar a sus hijos a la comisaría de turno. Hasta la última vez, que fue diferente: en esa ocasión, su hijo menor fue detenido en las inmediaciones del puente del Bicentenario, luego del acto del que participaron el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Juan Jure. Tras ser apresado ?por merodeo?, el hijo de Lila  fue literalmente molido a patadas por los policías. La golpiza empezó cuando lo detuvieron, pero siguió en la mismísima Alcaidía de la Unidad Regional Nº 9.
 ?Presenté la denuncia en Tribunales, pero no he tenido ninguna respuesta hasta ahora?, se queja Lila. ?Y los policías siguen en la calle acechando a mis hijos?, agrega.
Mientras Lila habla, Nancy Carena escribe. Tiene un tatuaje en el cuello y otro en la mano. Aguarda su turno en silencio, sin interrumpir, sin intervenir, sin opinar sobre la conversación de Lila, pese a que ambas historias tienen un denominador común: el abuso policial.
Nancy  es la mujer que protagonizó el mayor escándalo mediático del verano al denunciar en los medios de comunicación que había sido obligada a practicarle sexo oral a un policía en la Alcaidía de la UR9 mientras el resto de los presos disfrutaban de un verdadero festival de alcohol y pastillas.
Cuenta que el entonces jefe de Policía, Walter Albelo, le pidió que no hiciera pública su denuncia y la amenazó con declararla ?persona no grata?. La ?sentencia? de Albelo se tradujo en permanentes amenazas, que Nancy recibe desde hace meses sin que ninguna autoridad haya tomado cartas en el asunto.
El fiscal Julio Rivero imputó a varios policías, pero luego la causa naufragó en el olvido. A seis meses de su denuncia, Nancy Carena está convencida de que su causa está paralizada. ?Ni siquiera llamaron a declarar a mi marido?, se queja. Su marido fue brutalmente golpeado y obligado a consumir droga en la celda de la Alcaidía.
Mientras cuenta su historia, Nancy exhibe un cuaderno de hojas enormes donde conviven con su letra manuscrita e irregular las fotografías que le tomaron después de la paliza que le dieron los policías que la detuvieron. ?Especialmente una oficial a la que le dicen Nikita?, recuerda. Huelga explicar el orígen del apodo.
Las fotos son elocuentes: el cuerpo de Nancy registra todo tipo de hematomas y moretones. En estos meses, además de recibir amenazas, se ha cruzado con los policías que la golpearon. Todos siguen trabajando. Incluída ?Nikita?.

(Puede leer la nota comleta en la edición impresa de revista El Sur de julio, de venta en kioscos de Río Cuarto, Córdoba, Villa María y zona de influencia)