Escribe: Hernán Vaca Narvaja

Esta revista publicó en la edición de mayo que el juez federal jubilado Luis Rodolfo Martínez cobró 230.000 pesos de viáticos en menos de dos años. Es decir que el magistrado riocuartense -que cobró notoriedad por su deficiente actuación en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero durante el gobierno menemista- percibe, en promedio y solamente en concepto de viáticos, la friolera de mil pesos diarios.
Esta revista apuntó también que el jubilado Martínez, además, estaría ejerciendo un cargo en forma irregular, ya que se jubiló como juez pero fue convocado como camarista (la diferencia no es menor, ni en sueldo ni en idoneidad y experiencia para el cargo).
El funcionario responsable de la convocatoria a Martínez para integrar un lugar que no le correspondería es el mismo que autorizó sus viáticos desmedidos: el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Roberto Rueda.
Fuentes de la propia justicia federal indicaron que el sueldo promedio de un camarista superaría los 30.000 pesos mensuales. Es posible que Martínez cobre su jubilación de privilegio -pasó al sector pasivo como juez-, aunque también es posible que haya dejado de cobrarla para percibir sus remuneraciones como camarista. Lo que es seguro es que no puede -no debería- percibir jubilación y sueldo al mismo tiempo, porque estaría incurso en una flagrante incompatibilidad.
Si se suma su sueldo con el promedio de viáticos que cobró los últimos dos años, el ex juez devenido en camarista sustituto estaría cobrando alrededor de 60.000 pesos mensuales. Lo que equivale a un auto cero kilómetro por mes.
Esta revista intentó entrevistar a Martínez, pero el juez jubilado y camarista sustituto ni siquiera se dignó a responder las llamadas. Sí lo hizo su superior -y protector-, el también camarista Luis Rueda, quien prometió que recibirá a esta revista para dar las explicaciones del caso (del caso Martínez, se entiende, pero también del festival de designaciones parentales que se realiza en la torre federal, según consignó El Sur en su última edición).
Mientras el Consejo de la Magistratura analiza una denuncia sin fundamentos contra el juez federal Carlos Ochoa -denunciado por cumplir con su deber y obligar a la ANSSES a pagar los juicios perdidos-, a nadie parece preocuparle la extraña situación del anterior titular del juzgado ubicado en la calle Sobremonte de la ciudad de Río Cuarto.
No parece casual que hayan sido el propio Rueda y su par José Mosquera -padre del inefable procurador del Tesoro de la Provincia que supo ocupar una banca por el juecismo de Río Cuarto, Alfonso Mosquera- quienes absolvieran al juez Martínez de las graves denuncias que pesaban en su contra por su controvertida actuación en la investigación de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero.

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