Escribe: Hernán Vaca Narvaja

A cuatro años del crimen todavía impune de Nora Dalmasso, las escandalosas derivaciones del caso Sabena vuelven a poner a la Justicia de Río Cuarto en el centro de las sospechas y contribuyen a profundizar su enorme descrédito social. La liberación de los miembros de la familia Vargas Parra -con quienes el joven Nicolás Sabena pasó sus últimos días- fue el corolario de una investigación viciada desde el principio por la sugestiva actuación del fiscal Walter Guzmán. Como ocurrió en el caso de la desaparición del pequeño Alejandro Flores -que muchos años después se supo fue atropellado por un móvil policial-, fue Rosa de Sabena, una madre desesperada, la responsable de que la causa no muriera por inanición (o por inoperancia). Y al igual que sucedió en el caso Flores, la Justicia prefirió investigar a los familiares de la víctima (en este caso del desaparecido Sabena) antes que profundizar sobre la única hipótesis real que tiene el expediente.
Fue tanta la insistencia y tantas las puertas que golpeó Rosa de Sabena en procura de dar con su hijo desaparecido que el fiscal general de la Provincia, Darío Vezzaro, tuvo que designar al fiscal de Cámara, Jorge Medina, como director de la investigación.  La decisión fue acertada: una relectura del expediente orientó la pesquisa hacia los Vargas Parra, que fueron imputados y detenidos. A dos años de la desaparición del joven Sabena, Medina armó el rompecabezas en base a una serie de pruebas indiciales (producto del análisis de llamadas telefónicas, declaraciones testimoniales, una pericia psicológica y pruebas químicas y odoríficas). La causa salió de su letargo.
Pero lo que Vezzaro imaginó como una solución pronto devino en problema: en un hecho que no debe registrar precedentes, el fiscal Guzmán le mandó una Carta Documento a la madre del joven desaparecido amenazándola con acciones legales si no daba marcha atrás en sus críticas a la investigación. La denigrante actitud de Guzmán -que lejos de hacer una autocrítica terminó revictimizando a la víctima- fue la gota que rebalsó el vaso y tuvo que apartarse de una causa a la que, en los hechos, ya era ajeno. Era Medina quien llevaba la instrucción adelante porque desconfiaba de un fiscal que llamaba por teléfono a los Vargas Parra antes allanarles la quinta. Medina constató además que existía una estrecha relación entre uno de los policías avocados a la investigación y el jefe de la familia Vargas Parra.
Con su actuación en este caso, Guzmán podría enfrentar un jury de enjuiciamiento. Sería el primero, ya que el pedido de juicio político que se presentó contra los fiscales Javier Di Santo y Fernando Moine por su deplorable actuación en el caso Dalmasso duerme hace tres años en la Legislatura provincial.

EL CABARET JUDICIAL
Apartado Guzmán, la causa recayó en el temperamental Julio Rivero, aunque siempre bajo la tutela del fiscal Medina. ?Malevo? suele impulsar con mucha fuerza las denuncias que caen en su fiscalía, hasta que decide apartarse o dejar que los expedientes se pierdan en la burocracia judicial, como sucedió con la célebre causa de los criollitos, el escándalo de sexo y drogas en la Alcaidía y el agujero negro de Gamsur. Esta vez su actuación desataría un escándalo en Tribunales porque ventilaría una interna judicial más propia de un cabaret que del sagrado palacio de las leyes.

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